“Las garantías para la oposición política, son las garantías para la paz”

“Los pocos que hoy se oponen a la paz, lo hacen con la única intención de mantener sus privilegios, seguir gobernando con la fuerza del terror y no con el debate de las ideas.”

Huber Ballesteros Gómez – Prisionero Político

Con gran entusiasmo, colombianas y colombianos desde todos los rincones del país reconocemos en los recientes acuerdos entre gobierno nacional y las FARC-EP, avances trascendentales para concretar a partir del fin del conflicto armado, el inicio de un tránsito histórico que permita hacer realidad nuestros sueños de una Colombia en Paz.

Sin lugar a dudas, el anuncio de las partes del consenso alrededor del cese al fuego y a las hostilidades de carácter bilateral y definitivo, se constituye en un paso definitivo hacia la terminación de una guerra entre hermanos que ha desangrado generaciones completas de hombres y mujeres que hoy se muestran cada vez más dispuestas a apostarle a la reconciliación y a la construcción de un nuevo país, sin negar de esta manera, por supuesto, los enormes desafíos que restan a la consolidación de la anhelada Paz; y es precisamente el contenido del segundo de los acuerdos hechos públicos a finales de la semana pasada, el que representa uno de los retos más significativos de cara a la materialización de la intención que de uno y otro lado de las delegaciones se puso de manifiesto durante la firma de ambos acuerdos: la renuncia de manera definitiva a la utilización de las armas en la política y la promoción de organizaciones violentas como el paramilitarismo.

Lo acordado al respecto es desde todo punto de vista, la expresión de un escenario de negociación en el que ha quedado demostrado que la utilización de la vía armada no ha sido en la historia de nuestra patria, herramienta exclusiva de la insurgencia. Por el contrario, el Estado colombiano asume, como puede concluirse de la integralidad del acuerdo sobre garantías de seguridad, la lucha contra las organizaciones criminales y las denominadas sucesoras del paramilitarismo, el cual ha contado con el apoyo y respaldo económico, político y militar de funcionarios públicos, instituciones, amplios sectores de la Fuerza Pública y clase política dirigente, responsables de primer orden en la promoción, consolidación y mantenimiento de estructuras paramilitares que alcanzaron niveles de control y consolidación política, militar, económica y social en vastos territorios del país.

Así las cosas, el acuerdo parte de la vinculación material entre lo acordado en materia de participación política y las necesidades de un contexto en que el ejercicio de la política y especialmente el de la oposición política, han estado ligados al silenciamiento mediante la violencia. La seguridad concebida a partir del respeto de la dignidad humana, la promoción y respeto de los Derechos Humanos y la defensa de los valores democráticos, en particular en la protección de los derechos y libertades de quienes ejercen la política implica la transformación ideológica de la doctrina inserta hoy, tanto en las Fuerzas Militares como en el sistema judicial.

La creación del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la política y su desarrollo a través del acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales que incluye a las denominadas como sucesoras del paramilitarismo, y la persecución de las conductas que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, concibe la adopción de medidas que requieren correspondencia con la finalidad de desmontar modelos de justicia privada que han sido responsables, bajo la doctrina de la guerra contrainsurgente y del enemigo interno, de los capítulos más oscuros de la violencia sociopolítica en Colombia.

El sistema, que contempla entre otros la adopción de políticas públicas que promuevan, a partir de un Pacto Nacional, la desvinculación del paramilitarismo de todas las formas de hacer política, incorpora la creación de una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que entre otras funciones tendrá la de coordinar el plan de gobierno nacional para la desarticulación, desmantelamiento y persecución de estas organizaciones criminales. De la misma manera crea una Unidad Especial de investigación que con reforzadas atribuciones de policía judicial y estando por fuera de la Jurisdicción Especial para la Paz, tendrá como mandato la investigación, persecución y acusación no solamente de los responsables de la promoción de las estructuras paramilitares sino también de quienes sean responsables de homicidios, masacres, hechos de violencia sistemática de género, o que atentan contra defensores/as de derechos humanos, miembros de movimientos sociales o movimientos políticos, además de aquellos que lleven a cabo conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.

Otros componentes como la Instancia de Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad, la Subdirección especializada de seguridad y protección al interior de Unidad Nacional de Protección con su respectiva mesa técnica y los Lineamientos y Criterios del Plan Estratégico de Seguridad y Protección, hacen parte del mecanismo definido específicamente con el propósito de garantizar la vida e integridad de los miembros de las FARC-EP, que conformen el nuevo movimiento o partido político a partir de la firma del acuerdo final.

Sin embargo, y pese a la enorme importancia de lo acordado en relación a las garantías para el ejercicio de la política, la situación que continúan enfrentando organizaciones sociales, populares y defensoras de Derechos Humanos, evidencia lo trascendental que resultará para la consolidación de la Paz, el desmonte efectivo del paramilitarismo y a su vez, una profunda transformación al interior de las instituciones del Estado que permita la renuncia definitiva a la persecución a través de diversos métodos a quienes ejercen la política desde posturas de oposición.

En este contexto de avance y de reconocimiento político de la diferencia como pilar fundamental del ideal democrático, es imposible no valorar con desconcierto situaciones que siguen dando cuenta de la sistematicidad de la persecución contra dirigentes sociales y sus organizaciones. La condena proferida un día antes de los importantes anuncios desde La Habana, de 22 años de cárcel, contra 4 jóvenes en el Departamento del Huila, procesados y puestos en prisión desde el Paro Nacional Agrario del año 2013, por un delito que jamás ha existido, no permite dudar sobre la vigencia de la determinación política de silenciar por la fuerza (en este caso del Derecho Penal del enemigo) a quienes representen ideas divergentes.

De la misma manera, amenazas proferidas por organizaciones de las que precisamente habla el reciente acuerdo y a quienes entre líneas caracteriza como auténticos enemigos del Proceso de Paz en curso, siguen forzando el silencio mediante el terror a través de hechos como los que el día de ayer a las 2:00 de la madrugada, pusieron en grave riesgo la vida de Arnobis Zapata, un dirigente campesino integrante de la Marcha Patriótica y responsable de organización de este Movimiento político en el Departamento de Córdoba.

El año 2016, caracterizado por avances sustanciales para la construcción de la paz y el anuncio del Cese al Fuego Bilateral y Definitivo, ha sido también uno de los años más álgidos en relación a las agresiones y muertes de dirigentes y miembros de organizaciones sociales y populares. Amenazas, atentados y señalamientos, son el pan de cada día. Nada distinto puede decirse del sostenimiento de cientos de procesos judiciales, las capturas masivas y los montajes que desconociendo derechos y garantías fundamentales, siguen siendo verdugos de los luchadores sociales.

Las garantías para el ejercicio de la oposición política, son las garantías para la Paz. El fin de la horrible noche debe ser para los opositores políticos en Colombia, el mensaje contundente del fin de la persecución, de la estigmatización y la sentencia de muerte que les ha significado por décadas el cuestionar el ejercicio de una política degenerada en clientelismo, criminalidad y corrupción. No puede existir mejor sustento para la Paz que la certeza absoluta de poder pensar, proponer, disentir y aportar en la construcción de una Nueva Colombia en medio de la decisión de garantizar la vigencia de los Derechos Humanos y el ejercicio de las libertades democráticas.

 

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